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La ley de residuos establece la necesidad de concretar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real de la gestión de residuos. Pero eso no debería implicar, necesariamente, que tengan que subir los impuestos en este concepto o que los ciudadanos particulares debamos pagar más.

El coste finalmente lo pagaremos los mismos, pero si va repercutido en el precio de compra de los productos que generan residuos encontraremos un incentivo para modificar hábitos de producción y consumo.

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