Catalunya y Madrid son las comunidades españolas que, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, menos financiación destinan a sus universidades públicas y además las que más cobran a sus estudiantes, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).
Para intentar paliar la insuficiencia financiera del sistema, la nueva ley universitaria, en tramitación parlamentaria, fija el objetivo de destinar un 1% del PIB a las universidades, aunque no establece ningún mecanismo vinculante para conseguirlo.